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Los nuevos Intocables: cómo se forman los expertos contra la corrupción en España


Cada vez más universidades ofrecen másteres especializados en transparencia, buen gobierno y fraude fiscal como forma de preparar a los jueces, policías y periodistas que deben luchar contra un fenómeno que 'muerde' cerca del 3% del PIB en España A la opinión pública española no le ha hecho falta conocer la sentencia del caso Gürtel que ha propiciado la salida del Partido Popular del Gobierno para situar la corrupción, junto al paro, como una de sus dos grandes preocupaciones. En los resultados del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo fue desarrollado entre los pasados 1 y 10 de mayo, los españoles ya situaban en lo más alto su inquietud por la notoria presencia de manzanas podridas en nuestras instituciones. Este hecho no ha pasado desapercibido en los últimos años para un foco de la comunidad educativa empeñado en aportar nuevas vías para quienes buscan poner en jaque la economía ilícita. Caso Lezo, Nóos, la fortuna oculta de los Pujol, el escándalo de los ERE irregulares... Ante la falta de prevención y persecución de malas prácticas en algunos de estos casos, unas pocas universidades han implementado titulaciones para profesionalizar a quienes buscan combatir un problema del que ni siquiera es posible cuantificar la enorme factura que genera. La Comisión Europea apuntaba hace cuatro años que las irregularidades en los procesos de contratación pública podrían estar suponiendo al erario español un sobrecoste de unos 13.000 millones de euros al año. Una cantidad sensiblemente menor a la que advierte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que estima en 47.500 millones al año las desviaciones al alza en los contratos. Lo cierto es que este último dato es considerado engañoso, ya que, según Eduardo Fabián Caparrós, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, «es una cifra alimentada tanto por listos corruptos como por tontos que gestionan mal y cometen despilfarros» que van más allá de actuaciones delictivas. No obstante, tanto él como el resto de los expertos consultados, creen que el precio derivado de actividades fraudulentas oscila entre el 1,5% y el 3% de nuestro PIB, un porcentaje que enjugaría de sobra recortes como los sufridos en Dependencia (1.234 millones de euros). A su juicio, un incremento de políticas educativas básicas en formación superior puede ayudar a reducir este mal. Eso es, precisamente, lo que le llevó en 2006 a cofundar, junto al profesor Nicolás Rodríguez, el Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad en la Universidad de Salamanca (entonces llamado Máster en Corrupción y Estado de Derecho). Se trata de los estudios universitarios pioneros en formar expertos sobre políticas de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. Tanto en ésta como en el resto de titulaciones similares, una parte de sus alumnos son ya profesionales interesados en adquirir una formación que les ayude a promover el cumplimiento normativo, la transparencia y el buen gobierno dentro de instituciones y empresas. En otros casos, aspiran a convertirse en especialistas para evaluar actuaciones del gobierno corporativo y perseguir irregularidades. «Unos pueden acabar en destinos como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y otros como Wagner Campo Rosario, que fue alumno aquí, en el Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión de Brasil», afirma Caparrós. Casi todos ellos proceden de la rama de Derecho, pero también de carreras como Relaciones Internaciones, Ciencias Políticas, Económicas, Periodismo o Criminología. A esta última pertenece la grancanaria María Cristina Fernández. Tiene 24 años y es la única española de la última promoción, en la que los otros 15 alumnos proceden de América Latina. «No hemos descubierto la fórmula mágica contra la corrupción, pero sí ciertos mecanismos para poder prevenirlo», explica la joven, que accedió al programa porque considera que ese fenómeno «no está para nada explorado por los criminólogos». Entre la metodología aprendida, que lamenta no haber podido llevar más a la práctica a lo largo de estos nueve meses, destaca «la investigación policial en paraísos fiscales, cuentas bancarias, en bienes que sobrepasen lo que el político se puede permitir, decomisos» e, incluso, medidas de defensa para amparar a denunciantes (whistleblowers) de delitos fiscales, como Hervé Falciani.En esas medidas, precisamente, es en las que ha puesto el punto de mira para escribir su tesis. Aunque el posgrado no ha sufrido grandes cambios desde su creación hace 12 años, el hecho de que en 2010 se incorporara la responsabilidad penal de personas jurídicas a la legislación española (un dato que atañe de lleno a los partidos políticos) obligó a enfocar el temario hacia el auge del llamado compliance officer, o director de cumplimiento normativo. La finalidad de esta figura es evitar que directivos, empleados y agentes vinculados a administraciones y empresas incurran en delitos, así como hacer cumplir el marco normativo aplicable.



Cada vez más universidades ofrecen másteres especializados en transparencia, buen gobierno y fraude fiscal como forma de preparar a los jueces, policías y periodistas que deben luchar contra un fenómeno que 'muerde' cerca del 3% del PIB en España A la opinión pública española no le ha hecho falta conocer la sentencia del caso Gürtel que ha propiciado la salida del Partido Popular del Gobierno para situar la corrupción, junto al paro, como una de sus dos grandes preocupaciones. En los resultados del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo fue desarrollado entre los pasados 1 y 10 de mayo, los españoles ya situaban en lo más alto su inquietud por la notoria presencia de manzanas podridas en nuestras instituciones. Este hecho no ha pasado desapercibido en los últimos años para un foco de la comunidad educativa empeñado en aportar nuevas vías para quienes buscan poner en jaque la economía ilícita. Caso Lezo, Nóos, la fortuna oculta de los Pujol, el escándalo de los ERE irregulares... Ante la falta de prevención y persecución de malas prácticas en algunos de estos casos, unas pocas universidades han implementado titulaciones para profesionalizar a quienes buscan combatir un problema del que ni siquiera es posible cuantificar la enorme factura que genera. La Comisión Europea apuntaba hace cuatro años que las irregularidades en los procesos de contratación pública podrían estar suponiendo al erario español un sobrecoste de unos 13.000 millones de euros al año. Una cantidad sensiblemente menor a la que advierte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que estima en 47.500 millones al año las desviaciones al alza en los contratos.



Lo cierto es que este último dato es considerado engañoso, ya que, según Eduardo Fabián Caparrós, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, «es una cifra alimentada tanto por listos corruptos como por tontos que gestionan mal y cometen despilfarros» que van más allá de actuaciones delictivas. No obstante, tanto él como el resto de los expertos consultados, creen que el precio derivado de actividades fraudulentas oscila entre el 1,5% y el 3% de nuestro PIB, un porcentaje que enjugaría de sobra recortes como los sufridos en Dependencia (1.234 millones de euros). A su juicio, un incremento de políticas educativas básicas en formación superior puede ayudar a reducir este mal. Eso es, precisamente, lo que le llevó en 2006 a cofundar, junto al profesor Nicolás Rodríguez, el Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad en la Universidad de Salamanca (entonces llamado Máster en Corrupción y Estado de Derecho).

No hay una fórmula mágica contra la corrupción, pero sí ciertos mecanismos para poder prevenirla"

María Cristina Fernández (Master Anticorrupción de la Universidad de Salamanca) Se trata de los estudios universitarios pioneros en formar expertos sobre políticas de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. Tanto en ésta como en el resto de titulaciones similares, una parte de sus alumnos son ya profesionales interesados en adquirir una formación que les ayude a promover el cumplimiento normativo, la transparencia y el buen gobierno dentro de instituciones y empresas. En otros casos, aspiran a convertirse en especialistas para evaluar actuaciones del gobierno corporativo y perseguir irregularidades. «Unos pueden acabar en destinos como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y otros como Wagner Campo Rosario, que fue alumno aquí, en el Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión de Brasil», afirma Caparrós. Casi todos ellos proceden de la rama de Derecho, pero también de carreras como Relaciones Internaciones, Ciencias Políticas, Económicas, Periodismo o Criminología. A esta última pertenece la grancanaria María Cristina Fernández. Tiene 24 años y es la única española de la última promoción, en la que los otros 15 alumnos proceden de América Latina. «No hemos descubierto la fórmula mágica contra la corrupción, pero sí ciertos mecanismos para poder prevenirlo», explica la joven, que accedió al programa porque considera que ese fenómeno «no está para nada explorado por los criminólogos».



Entre la metodología aprendida, que lamenta no haber podido llevar más a la práctica a lo largo de estos nueve meses, destaca «la investigación policial en paraísos fiscales, cuentas bancarias, en bienes que sobrepasen lo que el político se puede permitir, decomisos» e, incluso, medidas de defensa para amparar a denunciantes (whistleblowers) de delitos fiscales, como Hervé Falciani.En esas medidas, precisamente, es en las que ha puesto el punto de mira para escribir su tesis. Aunque el posgrado no ha sufrido grandes cambios desde su creación hace 12 años, el hecho de que en 2010 se incorporara la responsabilidad penal de personas jurídicas a la legislación española (un dato que atañe de lleno a los partidos políticos) obligó a enfocar el temario hacia el auge del llamado compliance officer, o director de cumplimiento normativo. La finalidad de esta figura es evitar que directivos, empleados y agentes vinculados a administraciones y empresas incurran en delitos, así como hacer cumplir el marco normativo aplicable.

Según el Observatorio de la Contratación Pública, en España hay más de 20.000 entes públicos contratantes, pero sólo 4.000 de ellos publican sus contratosExplotar este concepto es una de las grandes apuestas de títulos como el de Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno impartido por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con Transparencia Internacional España. «El compliance está de moda porque las empresas tienen responsabilidad criminal, y si se comete una irregularidad, tienen que demostrar que han puesto todos los medios. Eso en el sector privado está generando mucha formación, pero en el sector público hay poco y debe haber más», comenta Manuel Villoria, director de este programa, que lleva ya tres años en marcha. En él, policías, fiscales, comisarios de la UDEF y expertos en Derecho Penal abordan diversos vértices que van desde el manejo del big data para investigar en procesos de contratación a través de algoritmos hasta la propia ética para fomentar la transparencia del personal en instituciones. En este último caso, se trata de concienciar para atajar preocupantes datos como el ofrecido por el Observatorio de la Contratación Pública, que habla de que en España hay más de 20.000 entes públicos contratantes, pero sólo 4.000 de ellos publican los contratos adjudicados. La eclosión de estos títulos responde a que, como dice Villoria, «poco a poco los escándalos nos han situado en la realidad, y en España tenían más importancia de lo que nos pensábamos». Algo en lo que coincide Óscar Capdeferro, coordinador del Máster de la Universidad de Barcelona (UB) sobre Prevención, Control y Reacción ante la Corrupción. Public Compliance, Buen Gobierno y Buena Administración: «Las universidades hemos tardado en fijarnos en estas formaciones para combatir este fenómeno». Su titulación se encuentra en el segundo año de la primera edición, en la que existe un enfoque centrado en el control de instituciones locales que culmina con prácticas en algunas de ellas, como la Oficina Antifraude de Cataluña. Óscar Roca, director de Prevención de esta agencia, quien además es ex alumno del máster de Villoria y profesor en este posgrado de la UB, destaca que, con este acercamiento establecido en estos programas entre agentes directamente implicados o que en un futuro próximo lo estarán, «se abre la puerta a tejer una red de complicidades y sinergias de todo punto necesarias para ser eficaces en la prevención y lucha contra la corrupción». Para él, la expansión de la formación superior en materias delictivas llegará, «probablemente», a corto y medio plazo. Sin embargo, que eso suceda, dice, dependerá de las necesidades que muestren las organizaciones públicas y privadas y una mayor implantación de políticas de transparencia y control de conflictos de interés que aún están por ver. Enlace: http://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/06/13/5b1fadd7ca4741720b8b45ad.html
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