Disolución de la persona jurídica.

Suspensión de actividades por un plazo de hasta 5 años.

Clausura de locales y establecimientos por un plazo de hasta 5 años.

Multas por cuotas o proporcional, que pueden llegar a 10 veces el supuesto beneficio obtenido.

Prohibición temporal (hasta 15 años) o definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

Inhabilitación por un plazo de hasta 15 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Intervención judicial por un periodo de hasta 15 años. En caso de condena a la persona jurídica, pueden llegar a ocasionarse enormes daños colaterales, reputacionales y económicos, como por ejemplo, la imposibilidad material de obtener financiación ajena; pérdida de confianza de proveedores y clientes y desprestigio del nombre comercial. Por todo ello, consideramos una obligación y no una opción, ejercer la protección necesaria a nuestra fuente de ingresos, nuestra compañía, protegiéndola de actuaciones individuales que pueden llegar a perjudicar a toda la empresa). Es de rigor y de responsabilidad, procurar evitar por todos los medios, la comisión de cualquier acción u omisión delictiva, para evitar una condena penal a la empresa; y para ello resulta imprescindible que su empresa elabore e implante un plan de prevención, el Compliance Penal.