España, suspenso en lucha anticorrupción De hecho, algunos países ni siquiera han aplicado aún medidas contra el fraude. Es el caso de España que, junto con Bélgica, son señalados en este informe como los dos únicos países que no han implementado aún de manera completa ninguna de las recomendaciones que han recibido. España suma 11 recomendaciones desde 2014, de las que no ha implementado cuatro y otras siete solo “parcialmente”. Supone un nuevo tirón de orejas a España, un país que lleva años en la mira de la institución con sede en Estrasburgo (Francia) por incumplir las recomendaciones sobre independencia judicial y prevención de la corrupción en el Parlamento. La última vez que España recibió una dura llamada de atención de GRECO fue en enero, cuando el organismo publicó un informe del país en el que constataba la falta de avances. En los últimos años, el Consejo de Europa ha criticado, entre otros, la politización del sistema español para elegir el poder judicial.
Las recomendaciones del Consejo de Europa GRECO ha emitido diversas recomendaciones tanto para el poder legislativo como el judicial de sus países miembros. En el caso de los parlamentarios, GRECO ha propuesto “regularizar los informes de activos, clarificar las restricciones de actividades económicas externas y la transparencia sobre sus interacciones con grupos de cabildeo”, con el objetivo de “cumplir su mandato de servicio público con integridad”. Pero solo se implementan lentamente. Y esto es malo, subraya, porque contar con “estándares claros” de conducta “ayuda a los parlamentarios y a otros a comprender cuál es la conducta que se espera de ellos y qué acciones están por debajo de lo aceptable, así como las consecuencias que pueden tener”. Las recomendaciones para el poder judicial se centran sobre todo en la necesidad de que el reclutamiento y promoción de jueces se produzca “por méritos” y no por intereses políticos, y que los magistrados se mantengan alejados de actividades políticas, en aras de la salvaguardia de la independencia de poderes. “GRECO ha constatado, no sin cierta sorpresa, que en algunos países sigue siendo posible ser a la vez juez y un representante electo”, destaca en este sentido. La falta de compromiso a la hora de aplicar las recomendaciones tiene un alto riesgo ya que “cuando los jueces no están a la altura de los altos estándares de integridad, independencia e imparcialidad que se espera de ellos, la confianza se estremece y la inquietud pública es palpable”. En el caso de los fiscales, los expertos recuerdan la importancia de los nombramientos transparentes y de la existencia de reglas claras en cuanto a la asignación de casos y la recusación de los mismos. “Garantizar la independencia de fiscales individuales en sus investigaciones es una salvaguarda importante contra presiones dentro del sistema mismo, pero también de otras ramas del poder”, subraya.
Sospechas de corrupción en el seno del Consejo de Europa
Ni siquiera el Consejo de Europa se libra de la lacra de la corrupción. Tal como recuerda el informe, tras “acusaciones de corrupción y de promoción de intereses realizados contra algunos miembros o antiguos miembros” del organismo, GRECO fue consultado para analizar el código de conducta de sus miembros y realizar recomendaciones. Las sospechas se han centrado sobre todo en un español, el expresidente de la Asamblea del Consejo de Europa y senador del PP Pedro Agramunt. Un informe presentado la semana pasada en su sede en Estrasburgo concluyó que Agramunt participó durante años en una estrategia corrupta que condicionó decisiones de este órgano europeo. El informe constata la “fuerte sospecha” de que el senador español se sirvió de ese esquema de corrupción para auparse en la presidencia del Consejo de Europa, que abandonó en octubre del año pasado pero solo cuando el organismo estaba a punto ya de forzar su salida. Enlace: https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525290525_685549.html
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